El mes pasado, Ricardo Torres (48), empleado de Casa de Gobierno, recibió un telegrama de la empresa de telefonía celular en el que se lo intimaba a pagar dos mil pesos en concepto de un teléfono de última generación que había supuestamente comprado en un local de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.

Torres se rascó la cabeza: ni conocía que había teléfonos de ese tipo y, sobre todo, nunca en su vida había estado en Santos Lugares. Coincidentemente, el telegrama de intimación había llegado a su casa del barrio Unimev de Mendoza, con todos los datos exactos.

El empleado tuvo que hacer el trámite en la empresa para comprobar que él no tenía nada que ver con el celular. Luego de unos días, desde la firma le indicaron que alguien se había presentado con su DNI en Santos Lugares y que, efectivamente, había comprado -en realidad pagado la primera cuota- de un costoso aparato.

En la fotocopia del DNI que quedó en poder de la empresa se podía ver los datos de Torres pero con la foto de otro sujeto. Torres había sido víctima de robo de identidad. Y su documento había sido robado en Mendoza, en 2002.

El caso de ayer

El 7 de abril de 2002, ladrones anónimos se llevaron 890 DNI listos para ser entregados a sus dueños de la oficina del Registro Civil del barrio Santa Ana de Guaymallén.

Los delincuentes se aprovecharon de las ínfimas medidas de seguridad del local y se hicieron no sólo de los documentos sino también de sellos de la repartición, libretas familiares y comprobantes de recién nacidos en blanco.

Desde aquel entonces -hace más de tres años- no se supo más de aquellos DNI, pero este viernes por la noche, efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal llevaron adelante dos allanamientos en otras tantas casas de Guaymallén y encontraron un total de 16 de esos documentos (es decir que faltan 874), todos fraguados o a punto de serlo.

Uno de los efectivos que participaron en el allanamiento contó a este diario que fueron dos las casas allanadas, ambas en la misma cuadra: Patricias Mendocinas al 2400 de Guaymallén.

"En una de las casas dimos con una mujer que es o fue empleada del Registro Civil del barrio Santa Ana. En poder de ella hallamos cuatro DNI: dos correspondientes a hombres mayores y dos a menores de edad", dijo la fuente.

En la otra casa allanada, los efectivos encontraron a un hombre de unos 35 años que contaba con antecedentes penales (viene de ser condenado en suspenso por seis meses en el delito de estafas) "y en su poder tenía catorce DNI, doce de ellos en blanco y dos a medio llenar.

Además había varias fotos carnets, sellos de las elecciones de 2003, sellos de control, constancias de residencia de la Policía de San Juan y certificados de viajes de la misma Policía; estos últimos documentos estaban en blanco también", continuó la fuente consultada por este diario.

Los dos acusados recuperaron la libertad en poco tiempo pero quedaron imputados de encubrimiento por la Secretaría Penal "D" de la Justicia Federal a cargo de la jueza Nofal.

A mil pesos

A partir de las investigaciones llevadas adelante por gente de la DIC, salió a la luz que la pareja vendía los DNI a mil pesos y que en muchos casos, los compradores eran delincuentes a los que les conviene ser "otro" a la hora de llevar adelante un delito. Esta pyme de los DNI incluía en el combo la adulteración del nombre, de la foto y del dígito pulgar.

El DNI es el único instrumento que acredita la identidad de los habitantes de Argentina y habilita a una persona para realizar casi todo tipo de trámites, como sacar una tarjeta de financiación, abrir una cuenta bancaria, o incluso casarse. El problema no afecta entonces sólo las gestiones bancarias.

Quienes abusan de los DNI falsos por lo general no buscan robar grandes montos de dinero sino que hacen compras por dos o tres mil pesos y piden préstamos por pequeños valores, ya que las condiciones que ponen las entidades de crédito y las cadenas de electrodomésticos y supermercados son menos exigentes que las de los bancos.

En la mayoría de los casos, este robo de identidad no sale a la luz hasta que, varios meses después de realizada la compra, los comercios inician gestiones para cobrar las cuotas impagas, como le pasó Torres, el empleado de Casa de Gobierno mencionado.

Fuente: Los Andes
Por Rolando López